divendres, 4 de maig de 2001

La nueva ley de extranjería

El domingo pasado salió publicada en El Periodico de Catalunya una información donde se afirmaba que Catalunya necesitaría 20.000 inmigrantes. Lo primero que pensé es que la reformada Ley de Extranjería no ayuda como debería a esta demanda, ya que nuevamente los hechos van mucho más adelantados que la ley que los regula.
Para comenzar, esta reforma es un verdadero paso atrás en los derechos y libertades de los extranjeros, y en la previsión de instrumentos jurídicos favorables a su integración, ya que ésta requiere que se les dé un trato igual delante de la ley que el que tenemos los españoles. Pero con el cambio de orientación se detecta un descenso de derechos y libertades de los inmigrantes. Se les priva de libertad de reunión (derecho universal básico y que ha de ser respetado para toda persona en cualquier sociedad democrática); libertad de asociación; derecho a la educación no obligatoria (vehiculo básico para la integración social); la libertad de sindicación y de huelga, y el derecho a la vivienda (otro derecho esencial).
Otro hecho es que se pierde la trascendéncia que se le da al empadronamiento municipal. Eso significa apostar por el mantenimiento de las mismas bolsas de inmigración clandestina y de exclusión social de los extranjeros sin permisos.
El empadronamiento deja de tener valor para obtener el permiso de residencia temporal, y deja de ser requisito suficiente para poder disfrutar de algunos derechos. Un hecho preocupante es que, aunque no se les reconozcan todos estos derechos, los extranjeros "no legales" siguen existiendo, siguen siendo personas y siguen teniendo necesidades básicas. Y los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano (legal o no) los seguirán atendiendo, a pesar de que probablemente lo tendrán que hacer con menos medios, ya que formalmente no estarán obligados.